Los despedidos por el ERE municipal no podrán ser reincorporados según la Ley

Un informe jurídico señala que al hacerlo se podría incurrir en “delitos de prevaricación, malversación y nombramiento ilegal”

  • La promesa de Mamen Sánchez a los despedidos en campaña electoral, a quiénes les prometió su reincorporación, cada vez más cerca de no poder cumplirse

Un informe previo encargado por el Gobierno municipal ante la ausencia de secretario para que despejara las dudas planteadas por el PP ya alertaba de la posibilidad de que dichos acuerdos no fuesen compatibles con la salvaguarda del interés general.

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El Gobierno reitera su ofrecimiento a Ganemos, IU y Ciudadanos para que incorporen a 4 miembros a la Junta de Gobierno Local que aprueben la reincorporación de los trabajadores si aún estiman que se puede hacer conforme a la ley. El expediente del proceso se hará público una vez que esté completo.

El Gobierno municipal informa que solicitó un informe jurídico para resolver las dudas planteadas por el PP sobre la viabilidad legal de los acuerdos transaccionales con el colectivo de trabajadores afectados por el ERE municipal y, además, garantizar el cumplimiento del acuerdo plenario del 26 de noviembre de 2015, votado a favor también por grupos de la oposición, en el que se decía textualmente que “el cumplimiento de todos los extremos contenidos en el presente acuerdo será de aplicación siempre y cuando se sujeten a la legislación vigente y normativa que le sea de aplicación”. Dicha solicitud se formuló a un jurista del propio Ayuntamiento ante la ausencia de un secretario que pudiera despejarlas. Y el informe concluye señalando que los acuerdos transaccionales podrían no garantizar la salvaguarda del interés público, algo que, se insiste, debería certificar un secretario del Ayuntamiento antes de llevarlo a Pleno.

A la vista de este informe, y para conocer los posibles riesgos penales a tener en cuenta a la hora de votar, el Grupo Municipal Socialista, tras un acuerdo unánime de todos los concejales que conforman el gobierno local, encargó otro informe a una firma jerezana de reconocido prestigio en la materia, Manuel Hortas Abogados. Este informe, emitido para el asesoramiento de los miembros de este grupo político fue solicitado, por tanto, para conocer si la formalización de los acuerdos transaccionales pudiera conllevar o no posibles riesgos de incurrir en algún delito.

Este último documento, de cuyo contenido se ofreció un adelanto el viernes por la mañana al gobierno vía telefónica, no se recogió hasta las 19 horas del viernes. Además, ayer sábado se convocó a las formaciones de Ganemos, IU y Ciudadanos para trasladarles su contenido, pero las tres excusaron su asistencia a dicha reunión por diferentes motivos a pesar de la trascendencia del asunto a tratar.

Se avanza que el expediente completo del proceso correspondiente se hará público y se remitirá a los trabajadores una vez que esté instruido. En el informe de Manuel Hortas Abogados se expone, literalmente, lo siguiente:

“La transacción con los trabajadores, una vez que el Ayuntamiento acordó́ su despido y ya optó por la no readmisión en el trámite judicial, constituye un acto contrario a lo resuelto, y en este caso debiera existir una firme fundamentación tanto de hechos como de Derecho que impusiese la necesidad de actuar de forma contraria a lo ya acordado, como circunstancias sobrevenidas que determinarían grave perjuicio a la causa pública. Esta fundamentación fáctica y jurídica no aparece clara en los documentos consultados, privando así́ de sustento la decisión pretendida”.

“La existencia de un expediente de regulación aprobado y resuelto favorablemente, con sentencia definitiva, y la ejecución de este expediente por el Ayuntamiento mediante los correspondientes despidos constituye una actuación administrativa firme. El hecho de que el Ayuntamiento haya optado, en la vía judicial, por indemnizar y no readmitir a cada uno de los trabajadores, parece impedir que pueda actuar de otra forma y acordar la readmisión

En el caso de transigir y acordar la readmisión de esos trabajadores, esa decisión podría llegar a ser considerada carente de fundamento legal y solo sustentada en el cumplimiento de determinadas promesas electorales o acuerdos políticos ajenos a la gestión municipal. En ese sentido sería una resolución infundada y, por ello, arbitraria y susceptible de constituir delito de prevaricación“.

En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento optó en 2015 por la no readmisión, presentando dicha opción formalmente en sede judicial, maniobra que ejecutó en los últimos días del mandato del gobierno del Partido Popular. Fue, por tanto, en el fin del mandato del PP cuando el Ayuntamiento optó “en la vía judicial, por indemnizar y no readmitir a cada uno de los trabajadores”, impidiéndose que ahora el Ayuntamiento pueda “actuar de otra forma y acordar la readmisión”.

Dicho informe jurídico, además, añade que:

  1. La transacción del Ayuntamiento de Jerez con los trabajadores sujetos al expediente de regulación de empleo por la que se acuerde su readmisión es una resolución administrativa susceptible de constituir delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.
  2. La transacción del Ayuntamiento de Jerez con los trabajadores del expediente de regulación de empleo por la que se acuerde su readmisión puede constituir delito de malversación del artículo 432 del Código Penal.
  3. La transacción del Ayuntamiento de Jerez con los trabajadores sujetos al expediente de regulación de empleo por la que se acuerde su readmisión puede constituir delitos de nombramiento ilegal del artículo 405 del Código Penal”.

El gobierno ha expresado que dicho documento no podrá formar parte del expediente administrativo por ser un informe de asesoría particular de los concejales del Grupo Municipal Socialista.

El gobierno vuelve a insistir en su solidaridad y comprensión con la situación de los trabajadores y trabajadoras afectados por el ERE municipal del PP, e incide que ha hecho todo lo posible durante casi un año y medio de trabajo para conseguir instruir un expediente administrativo que, conforme a la ley, permitiera una reincorporación de dichos trabajadores y trabajadoras a la plantilla del Ayuntamiento. A pesar de este esfuerzo, las continuas lagunas jurídicas expresadas por los informes jurídicos no concluyentes que se han ido emitiendo a lo largo de este periodo, añadidas a la contundencia de los nuevos informes jurídicos, aconsejan, desde la responsabilidad, no dar un paso en falso que pudiera poner el peligro el interés general, objetivo básico de quien ejerce la función pública.

A este respecto, cabe recordar que el propio interventor expresó dudas sobre “las lagunas e insuficiencias” de los informes jurídicos que obran en el expediente, dándose la circunstancia que dichas lagunas e insuficiencias se han visto reforzadas por opiniones jurídicas de peso que expresan que dichos acuerdos transaccionales pudieran no solo ser contrarios al derecho, sino, además, ser constitutivos de delito contra la administración pública”.

No obstante esto, el gobierno local no quiere ser obstáculo para el proceso de reincorporación de dichos trabajadores, en tanto que otros grupos políticos han expresados que están plenamente convencidos acerca de la legalidad de los citados acuerdos transaccionales.

Es por ello que, a pesar de estos nuevos informes y aunque este gobierno no recomienda que lo hagan, si los grupos de Ganemos, IU y Ciudadanos todavía están convencidos de que se puede proceder a la reincorporación conforme a ley, se reitera la disposición a que 4 miembros de estos grupos políticos se incorporen al Gobierno y aprueben dicha reincorporación en una Junta de Gobierno Local, si es que consideran que se puede hacer así de esta forma. Reseñar que dicha Junta de Gobierno Local se celebraría, como es preceptivo, tras los plenos de aprobación de los Presupuestos y del Plan de Ajuste, requisitos necesarios previos para proceder a la reincorporación. Apunta al respecto que la posibilidad de contar con un secretario es mucho mayor para un pleno que abordase únicamente Presupuestos y Plan de Ajuste, ya que las reticencias hasta la fecha se han centrado en lo referente al expediente del ERE municipal. De ahí que, llegado el caso, se ofrece hacer esto último en una Junta de Gobierno Local, si es que dichos grupos de la oposición consideran que este proceder fuera conforme a ley.