Chaves y Griñán irán a juicio por prevaricación y malversación

El juez dicta auto de apertura de juicio oral contra los dos expresidentes de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE

Dos expresidentes de la Junta de Andalucía tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como contra otros 24 ex altos cargos de la Administración autonómica por el fraude de los ERE, dentro de la llamada pieza política del caso. Además, el magistrado ha imputado una fianza a Griñán de 4.214.702 euros a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes.

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El auto, dictado en el marco de la denominada pieza ‘política’, relativa al procedimiento empleado para pagar las ayudas a empresas, ha sido notificado a las partes esta misma mañana.

En el auto, el magistrado  recoge para los 26 encausados un presunto delito de asociación ilícita e incluye la petición de una fianza millonaria para José Antonio Griñán, quien, fue presidente entre los años 2009 y 2013. En el escrito se especifica que el expresidente será juzgado, además, por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.

El auto recoge también la apertura de juicio oral contra su antecesor Manuel Chaves, quien asumió las funciones de presidente en 1990 hasta el año 2009, aunque en su caso será sólo juzgado por prevaricación.

Además de los expresidentes, seis exconsejeros se sentarán también en el banquillo. En concreto, el magistrado incluye en el auto a: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, imputando a los cuatro últimos los presuntos delitos de prevaricación y malversación. Además de la fianza impuesta a Griñán, se impone fianza a Martínez Aguayo; Viera, y Vallejo.

Entre los 24 procesados hay además, dos exviceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.

El juez Martín declara en su resolución a la Audiencia Provincial de Sevilla como la competente para que celebre un juicio para el que aún no hay fecha y dicte el correspondiente fallo.