El fiscal anticorrupción ha añadido un delito de prevaricación continuada a su acusación contra la exalcaldesa de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez, por lo que, además de tres años de prisión y multa de 8,6 millones de euros, solicita para ella inhabilitación especial por doce años.

El fiscal, al igual que la Abogacía del Estado, ha modificado así su petición de condena en el juicio que se sigue contra Pilar Sánchez (PSOE) por desviar subvenciones del Estado del Plan E para pagar gastos corrientes municipales, como la nómina de los trabajadores del consistorio o de sus concesionarias.

El cambio de la petición de condena del fiscal ha sorprendido al abogado de la exalcaldesa, actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de la Junta de Andalucía, que ha pedido un aplazamiento del final del juicio, que se reanudará el próximo martes.

Este proceso contra Pilar Sánchez se inicio en 2011 cuando la popular María José García-Pelayo sucedió a la socialista al frente del gobierno municipal y recibió del Estado una carta en la que se le requería que enviara fotografías sobre el grado de ejecución de las obras que habían sido subvencionadas con el Plan E en la ciudad. Fue entonces como la nueva alcaldesa descubrió que algunas de ellas no se habían acabado y que parte de esos fondos, que únicamente pueden ser utilizados para los fines para los que se concedieron, habían sido supuestamente destinados a otros usos y denunció los hechos.

En su declaración en el juicio, Pilar Sánchez señaló que pagar las nóminas de 3.000 trabajadores del ayuntamiento y sus concesionarias fue la “causa de fuerza mayor” que le llevó a desviar fondos del Plan E; apuntó que advirtió de ello a la directora general del Ministerio que gestionaba el Plan E y que la decisión se tomó en un “comité de crisis” que creó el colapso financiero del consistorio.

Este es el segundo juicio al que Pilar Sánchez se ha enfrentado en lo que va de año. El pasado febrero fue absuelta del denominado “caso de los asesores”, promovido a instancias del también exalcalde andalucista Pedro Pacheco, que la acusó de contratar a militantes socialistas.