Detienen a dos funcionarios de prisiones de Jerez y El Puerto

Investigan la presunta extorsión a más de veinte reclusos a cambio de lograr el Tercer Grado

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación interna al hilo de la detención de dos funcionarios de prisiones; uno en Jerez y otro en El Puerto de Santa María

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han informado a Europa Press este sábado de la apertura de dicha investigación y han explicado que con ella se busca comprobar el buen funcionamiento de tratamiento de los centros penitenciarios afectados por este caso.Puerto IIISegún han apuntado este sábado diarios del Grupo Joly, la Guardia Civil de Cádiz ha detenido a dos funcionarios de prisiones, uno de ellos del Centro de Inserción Social (CIS) Alfredo Jorge Suar Muro, de Jerez de la Frontera, y el otro de la prisión Puerto III de El Puerto de Santa María.

El Grupo Joly señala además la existencia de sobornos con dinero en efectivo, con coches de lujo, trabajos para familiares, sesiones de hipnosis, propasarse con internas, falsificación de analíticas e informes, salidas de internos o visitas de familiares sin autorización de la dirección del centro.

Uno de los funcionarios responde a las iniciales I.M.P., estaba destinado como educador en el Centro de Inserción Social (CIS) Alfredo Jorge Suar Muro de Jerez; y el segundo, J.M.G.R., realizaba su labor en la prisión portuense de Puerto III.

Fuentes de la Benemérita han confirmado a Europa Press estas detenciones, que se deben a un presunto delito de cohecho continuado, según apunta el ‘Diario de Cádiz’, que indica que hasta el momento además hay 21 personas investigadas, principalmente reclusos, bien por haber sufrido presuntamente estas prácticas delictivas o como testigos de las mismas.

Por su parte, fuentes de Instituciones Penitenciarias han apuntado a Europa Press que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación interna para comprobar el buen funcionamiento de tratamiento de los centros penitenciarios afectados por este caso.

Estas mismas fuentes han señalado que la pasada semana se trasladaron unos inspectores internos a los citados centros penitenciarios, que, “sin afectar a la investigación judicial, pretenden tomar en su caso medidas cautelares por carga probatoria”, lo que podría llevar a “la eventual suspensión de empleo y sueldo” de los citados funcionarios detenidos por los presuntos delitos de los que se les acusa.