El PP logra el apoyo para instar a la Junta a la desafectación de las vías pecuarias

El Parlamento andaluz aprueba reclamar a Susana Díaz una modificación tras las enmiendas de PSOE y Ciudadanos

El Partido Popular de Cádiz ha logrado el apoyo necesario para sacar adelante una iniciativa para instar a la Junta de Andalucía a la desafectación de las vías pecuarias en el hábitat rural diseminado.parlamento andalucía

El diputado andaluz del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, ha defendido en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio una Proposición no de Ley en la que se instaba al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a modificar la Ley 17/1999 por la que se aprueban las medidas fiscales y administrativas para desafectación de vías pecuarias en el hábitat rural diseminado.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, tras la incorporación de enmiendas de ambos grupos, para que el Parlamento andaluz inste al Gobierno andaluz a realizar la modificación normativa.

Según recogía la propuesta popular, en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se define el Hábitat Rural Diseminado como el que da soporte físico a asentamientos dispersos de carácter estrictamente rural y que responden a procesos históricos como han podido ser iniciativas de colonización agraria, que precisan de determinadas dotaciones urbanísticas, pero que por su funcionalidad y carácter disperso actualmente no se consideran adecuados para su integración en el proceso urbano. Igualmente, conforme al Art.46.1.g) de la LOUA puede identificarse al Hábitat Rural Diseminado como el que cuenta con las características de “constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados en su origen al medio rural, cuyas  características, atendidas las del municipio, proceda preservar”.

La realidad física y social que se recoge tras esta denominación administrativa es, para aquellas viviendas y asentamientos históricos que se encuentran afectados por vías pecuarias y por la que sus propietarios o inquilinos pagan los impuestos de bienes inmuebles a los ayuntamientos y el impuesto de bienes patrimoniales a la Junta de Andalucía, que no pueden acceder a la legalización de las viviendas existentes.

Igualmente, en muchos casos, se impide la posibilidad de acceder a servicios de proximidad y de primera necesidad como farmacia o alimentación, se limitan las posibilidades de reparaciones en las propias viviendas, de carriles de acceso, de disposición de parques y zonas de esparcimiento o el desarrollo turístico y económico vinculado al hábitat rural. A su vez, los residentes no pueden acceder a la propiedad del suelo ni a la dotación o reparación de infraestructuras básicas.

Es por ello que el PP ha planteado una modificación normativa para que los tramos de vías pecuarias que discurren por suelos clasificados como Hábitats Rurales Diseminados en los Planes Generales de Ordenación Urbanística adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía puedan ser desafectados.