“La sanidad que nos merecemos”

Tribuna libre de Míriam Alconchel Gonzaga

No todas las efemérides significan necesariamente celebración. En el caso de la sanidad pública en nuestro país estamos de duelo por un luto que dura ya cuatro años, los que hace que el Gobierno del PP quebró el modelo universalidad de sanidad pública, universal y gratuita en lo que ha supuesto el mayor atentado contra ella en los últimos 20 años.miriam aconchel psoe 2

En 2012 y amparada por una mayoría absoluta déspota y prepotente, cerrada en banda al diálogo como en otros muchos asuntos, la derecha aprobó el Real Decreto Ley 16/2012 que quitó la tarjeta sanitaria a miles de personas, impuso el copago sanitario a 8,4 millones de pensionistas y excluyó del sistema de aseguramiento público a más de 800.000 personas; entre ellas jóvenes españoles que tienen que emigrar a otros países para estudiar o buscar empleo, personas de otros países que vienen a reagruparse con sus familias, o personas que han estado trabajando y con papeles en España y ahora están en situación de irregularidad sobrevenida por haber perdido su trabajo y el permiso de residencia.

Es por tanto una fecha marcada en rojo en el calendario de quienes sí creemos en lo público y en el derecho de todos los ciudadanos a percibir las mismas prestaciones, bajo el paraguas del Estado del Bienestar que el ejecutivo ultra-conservador de Mariano Rajoy ha intentado quitarnos de las manos pese a que nos hallemos en el diluvio universal.

Por ende, llueve sobre mojado en España con este decreto impúdico que ha pretendido etiquetarnos entre ciudadanos de primera y de segunda; una nueva liga donde a las personas en riesgo de exclusión social se las manda al fondo sur y a quienes más tienen a una indecente tribuna VIP. Según datos de la Federación de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), se cuentan por millares las personas que durante estos nefastos cuatro años han tenido que dejar de tomar su medicación porque no pueden afrontar estos gastos, en concreto el 14,75% de los pacientes.

Lo desalentador es que no se trata sólo de estadísticas, porque detrás de cada uno de estos números hay ciudadanos que deben elegir en el mejor de los casos entre atender sus necesidades más básicas de techo y comida o medicarse. La reflexión es cuanto menos desesperanzadora y aún más en un Estado que fue referente por su modelo sanitario en todo el mundo y que ahora exhibe impúdicamente sus vergüenzas.

Afortunadamente las comunidades autónomas socialistas, entre ellas Andalucía, lejos de obligar a la ciudadanía a renunciar a este derecho fundamental han sostenido a pulmón la sanidad pública a la par que demostraban que otra forma de gobernar es posible ante la crisis. Porque los andaluces y andaluzas sabemos bien que practicar la universalidad del sistema no es un gasto sino la mayor inversión que se puede hacer en las personas.

Sin embargo, y a pesar del dramático balance de estos cuatro años , el Gobierno en funciones, lejos de rectificar y entonar el `mea culpa´o de mostrar algún indicio que nos haga pensar que vaya a dar un paso atrás, se mantiene en su empeño de seguir obstaculizando y recurriendo que los gobiernos autonómicos restauren los derechos y reviertan los recortes en atención sanitaria.

En este contexto el PSOE no se resigna y exige al ejecutivo en funciones de España que derogue el Real Decreto y restituya en todo el Estado la universalidad del sistema sanitario para que volvamos a un modelo que ofrezca garantías a la población, que trate por igual a todos y todas sin excepciones ni privilegios, como un derecho ligado a la condición de ciudadanía o residencia. Y aún vamos más allá al defender que la protección de la salud se incluya como un derecho subjetivo en la Constitución y se establezca el mecanismo que garantice su financiación suficiente para que no sea posible dar ni un sólo paso atrás.

Exigimos en consecuencia a nuestro Gobierno la misma valentía que han manifestado en forma de trabajo los miles de profesionales sanitarios en nuestros centros de salud y hospitales que, a pesar de la legislación del Partido Popular, siguen atendiendo cada día a sus pacientes con las mismas dosis de profesionalidad, vocación y entrega.

Como política me enorgullece pensar que todos los partidos no son iguales, y somos mayoría los que respetamos y velamos por la justicia social para que nadie sea menos que nadie, porque todos nacemos con los mismos derechos. Volver a tener una sanidad pública, para todos y gratuita no es niguna quimera, sino uno más de los derechos perdidos por una derecha insensible que antepone los intereses económicos a los puramente humanos. A estas alturas de nuestra reciente historia democrática todos nos hemos retratado, y es evidente que las políticas sociales no están justamente en el ADN de la derecha. Volvamos a gozar de la sanidad que nos merecemos, no a la que quieren que renunciemos.