Miriam Alconchel presenta las propuestas del PSOE para la transparencia

La candidata socialista al Congreso asegura en Jerez que la “la sociedad demanda limpieza, transparencia y cercanía”

La sociedad ha evolucionado y demanda una democracia adaptada a las actuales aspiraciones de limpieza, transparencia y cercanía”, ha asegurado hoy la candidata al Congreso por Cádiz quien ha expuesto públicamente alguna de las principales medidas con las que el PSOE concurre a las Elecciones Generales del próximo domingo en materia de transparencia y buen gobierno.

Miriam Alconchel PSOE Jerez

Alconchel ha mostrado su preocupación por la concepción que la ciudadanía tiene hoy por hoy de las instituciones democráticas que “según el CIS ha pasado desde diciembre de  2011 de un 6% entre los que concebían la corrupción como uno de los problemas principales del país al 46,7% de la población en mayo de 2016”.

La candidata jerezana a la Cámara Baja ha declarado esta mañana que “el PSOE es un partido responsable y alejado del populismo, que  apuesta por reformas meditadas y fruto del más amplio consenso por lo que ofrecemos un ambicioso programa para la regeneración democrática, para devolver la confianza a los ciudadanos en sus políticos y en unas instituciones que deben ser modernizadas”. “Recuperar la confianza ciudadana- ha añadido- exige hacer partícipes a los ciudadanos de la acción política, fortaleciendo la transparencia e incrementando el control de los recursos y que pasa, en términos radicales, por luchar contra la corrupción”.

De este modo desde el PSOE han apostado por “un sí a una democracia abierta” tanto dentro de las propias organizaciones políticas como en el ámbito de las instituciones públicas “con un proyecto claro y ambicioso de regeneración democrática, que incluya medidas de prevención, represión y control, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Así la también secretaria general del PSOE Jerez ha mostrado su compromiso por realizar “una amplia reforma del sistema electoral” para lo que se precisa de una reforma de la Ley Electoral “para que los/as candidatos/as a la Presidencia del Gobierno se elijan por primarias; también el desbloqueo de las listas electorales”.

Además, los socialistas plantean “reforzar la representación paritaria de hombres y mujeres en las instituciones, reformar el voto de los españoles en el exterior para ampliar su participación y favorecer el voto de los residentes extranjeros en España” junto a una reforma del sistema parlamentario para, entre otras cosas, “transformar el Senado en una verdadera cámara territorial, que responda a las exigencias de las comunidades autónomas y a la naturaleza federal de nuestro modelo autonómico”. Para este propósito desde las filas socialistas apuestan por la dedicación exclusiva de los parlamentarios, reforzar la independencia de las cámaras, fortalecer los mecanismos de control al Gobierno y mejorar la participación de la ciudadanía en la vida parlamentaria.

Asimismo, tal y como ha defendido Miriam Alconchel, “el PSOE también contempla una reforma de los partidos políticos, regulando su estructura, funcionamiento y financiación. La ley obligará a establecer un sistema de participación directa de los afiliados y afiliadas en la elección de los responsables máximos del partido y de sus candidatos a la Presidencia del Gobierno, de las CCAA y de los municipios con más población, mediante sufragio activo, libre, directo y secreto. Igualmente, se obligará a transparencia de todos los ingresos públicos y privados, con desglose de las aportaciones de donantes, afiliados y cargos públicos; y se hará responsables patrimonialmente a los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos”, ha manifestado.

En lo que se refiere a la dignificación de las instituciones, el PSOE plantea una reforma del sistema de nombramientos para órganos constitucionales y organismos reguladores “que evite su condicionamiento y garantice su independencia”. De entre las medidas más sobresalientes recogidas en el programa electoral se encuentran asimismo la elaboración de un Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, crear una Oficina Anticorrupción con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del sector público así como medidas preventivas en el sector privado como la regulación de los lobbies.

Alconchel también anuncia importantes medidas represoras y de control como “agravar las consecuencias penales de los casos de corrupción, suprimir los aforamientos de quienes sean llamados a juicio por delitos en el ejercicio de su cargo, agilizar los procesos de enjuiciamiento y castigo de los responsables de delitos relacionados con la corrupción, prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción, modificar la legislación para obligar a los corruptos a devolver lo robado y mejorar los medios de los órganos judiciales y fiscales, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Agencia Tributaria para perseguir los casos de corrupción”

En este contexto los socialistas también abogan por “regular la protección de quien denuncie prácticas corruptas e ilegales tanto en la administración pública como en el sector privado o ampliar los poderes del Tribunal de Cuentas y revisar las medidas contra la elusión fiscal y el fraude de subvenciones y a la Seguridad Social”.

La número 2 al Congreso por el PSOE de Cádiz ha recordado por último que “la Junta de Andalucía es pionera en el establecimiento de medidas en estas materias, y se ha convertido en una referencia para el conjunto de Comunidades Autónomas para lo que la propia presidenta de la Junta ha planteado al presidente del Gobierno (sin obtener respuesta), que lidere un acuerdo nacional en materia de transparencia, control y rendición de cuentas contra la corrupción, y un Pacto de Regeneración Política”.

Para ello en Andalucía prevén la creación de una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, dedicar a la lucha contra el paro juvenil todo el dinero que sea reintegrado por haber sido utilizado indebidamente, la aprobación de una Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos o la incompatibilidad de la función de parlamentario y cualquier actividad profesional.