El Supremo Andaluz admite la denuncia contra Chaves y Griñan de los extrabajadores de Delphi

El TSJA señala que el protocolo fue “un disfraz” para canalizar ayudas directas “huyendo de las normas

El Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla instruye diligencias previas tras admitirse a trámite la denuncia penal interpuesta por la Asociación de Extrabajadores de Delphi contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como contra los exconsejeros Antonio Fernández y Manuel Recio por la supuesta simulación de contratos laborales cuando el colectivo recibía formación.

EFE ANDALUCIA / SEV21 SEVILLA 09.11.05.- El presidente andaluz, Manuel Chaves (i), y el consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, durante el pleno parlamentario que debate los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2006. EFE/Chema Moya
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante el pleno parlamentario que debate los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2006. EFE/Chema Moya

La Asociación de Extrabajadores de Delphi, la cual aglutina a unos 400 extrabajadores y es independiente de los sindicatos, se creó a raíz de la “desconfianza” sobre cómo están llevando este asunto desde la Junta de Andalucía.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado la demanda formalizada en 2015 por “inactividad” de la Junta en su obligación de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos tras el cierre de Delphi en Puerto Real (Cádiz).

delphi 1En la sentencia del TSJA la Sala emite un fallo desestimatorio al entender que el protocolo de colaboración suscrito tras el cierre y sus 16 desarrollos posteriores “no son verdaderos convenios de colaboración bilateral”, sino un “compromiso institucional con los sindicatos de adoptar medidas socioeconómicas que participan más de la naturaleza subvencional”.

De hecho, el Alto Tribunal entiende que los protocolos fueron “el instrumento o disfraz para dar cobertura a una serie de actuaciones de fomento y canalizar ayudas directas, huyendo así de las normas que regulan el procedimiento de subvención pública”.

susana griñan chaves

De ahí, según señala, que la propia Administración demandada esté revisando de oficio protocolos similares al de Delphi “por la nulidad de pleno derecho de los mismos”, procediendo además a dictar el Decreto-Ley 4/2012 para “avanzar en los sistemas de control y verificación de esas ayudas y sus preceptores”. Es decir, que dicha norma pretende “regularizar los pagos de medidas sociolaborales a empresas en crisis o a sindicatos que hasta entonces habían sido puestas en tela de juicio”.

En opinión de la asociación, “no se entiende que la Junta cree unos compromisos en forma de protocolo y luego diga que son nulos de pleno derecho, eso sí, cuando han conseguido el rédito electoral que buscaban y presuntos beneficios que están siendo investigados”.

Expone la sentencia que el colectivo de extrabajadores de Delphi queda fuera del grupo de beneficiarios de las ayudas establecidas en el Decreto-Ley, ya que para ser beneficiario “se deben reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos” en la norma con rango de ley.

Chaves griñan 2

En vistas del fallo del TSJA, la asociación ha informado de que su siguiente paso será enviar requerimientos los representantes de CCOO, UGT, CGT y USO firmantes del acuerdo del 4 de julio de 2007, pues “si los tribunales dicen que todo fue un disfraz, tendrán que aclarar si tenía intereses personales”, sin descartar emprender nuevas acciones judiciales por ello, y también porque “no hicieron absolutamente nada contra el decreto que dejaba sin efecto el protocolo”.

Por otra parte, han explicado que confían en que prospere el procedimiento penal que emprendieron inicialmente contra Chaves, Griñán y contra los exconsejeros de Empleo, así como contra todo aquel al que puedan extenderse las responsabilidades derivadas de la supuesta simulación de contratos laborales cuando el colectivo recibía formación, que ha sido “sumamente perjudicial” para los trabajadores. Consideran que puede haberse incurrido en posibles delitos de prevaricación, simulación de contratos y falsedad documental.