jueves. 28.03.2024

Nuevo caso de 'presunta corrupción' de dos altos cargos de Mamen Sánchez 

CGT lleva a Fiscalía por prevaricación a la Directora de Alcaldía de la alcaldesa y a la Jefa de Servicios Generales

El sindicato ha lanzado en el día de hoy un comunicado informando la presentación, a finales de julio, de un escrito de denuncia a la Fiscalía Anticorrupción de Jerez, poniendo en su conocimiento la existencia de un expediente administrativo que pudiera contener elementos constitutivos de delito de prevaricación continuada y de cohecho de dos trabajadoras del Ayuntamiento de Jerez, aportando una serie de documentos a los que ha tenido acceso CGT.

María del Milagro Pérez (izq) - Milagros Abascal (der) | Imágenes de Twiiter.com María del Milagro Pérez (izq) - Milagros Abascal (der) | Imágenes de Twiiter.com

Son parte importante de la posible causa de prevaricación tanto Mila Pérez, Directora de Alcaldía y Presidencia, como Mila Abascal, actual Jefe de Departamento de Servicios Generales del Ayuntamiento de Jerez, por tanto actuales altos cargos del Ayuntamiento, quienes además, como ya se informó en MIRA Jerez, están pendientes de celebración de juicio del caso Fitur en Jerez, así como un concejal del gobierno de Pilar Sánchez, C.S. (PSOE).

Hay que recordar que estas dos trabajadoras están ya encausadas. La Fiscalía pide siete años de cárcel y doce de inhabilitación para Mila Pérez por prevaricación, falsedad cometida por funcionario público y fraude a las administraciones públicas, así como también también solicita dos años de cárcel y 12 de inhabilitación a Milagro Abascal (funcionaria interina), quien, con toda sorpresa, ha sido nombrada el 20 de mayo en Junta de Gobierno Local con la asignación de las funciones de Jefe de contratación. Esto quiere decir que quien realiza actualmente las contrataciones en el Consistorio que dirige Mamen Sánchez, está acusada de prevaricación y fraude a las administraciones.

Los hechos denunciados ahora se produjeron entre 2010-2013 y los dos primeros meses de 2014 hasta que fueron detectados por la intervención municipal en época de Gobierno de García-Pelayo, y tiene relación con el Grupo de Desarrollo Rural Campiña de Jerez, elegido para participar en la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.

Mila Pérez, Directora del Servicio de Alcaldía-Presidencia, junto a la alcaldesa Mamen Sánchez y el teniente de alcaldesa, Santiago Galván Mila Pérez, Directora del Servicio de Alcaldía-Presidencia, junto a la alcaldesa Mamen Sánchez y el teniente de alcaldesa, Santiago Galván

CGT añade que según la normativa de aplicación, los Grupos de Desarrollo Rural debían someter su participación en gestión y ejecución el Plan de Actuación Global al control de la Administración Local designada como Responsable Administrativa y Financiera del Grupo, recayendo esa designación en el Ayuntamiento de Jerez, firmándose el preceptivo Convenio. Las funciones que el Ayuntamiento de Jerez se atribuyó debían ser asumidas por funcionarios de este Ayuntamiento pertenecientes a la sub-escala Intervención-tesorería, siendo designadas Mila Pérez y Mila Abascal mediante la correspondiente Resolución de Alcaldía.

Según el sindicato, la presunta ilegalidad realizada y que la fiscalía ha de investigar, es la forma en que se retribuyó a las funcionarias por esa atribución de funciones. CGT indica que el GDR ingresaba 8.000 euros como compensación a las cuentas de dichas trabajadoras municipales cuando el pago se debía ingresar en las cuentas del Ayuntamiento. Por tanto el pago se realizaba sin control alguno, repartiéndose a partes iguales esa compensación, sin que constara ni en el presupuesto ni en sus nóminas, y con un concepto retributivo inexistente para un funcionario público, y con un posible informe negativo de intervención.

Tras estudiar la documentación presentada por CGT, la fiscalía ha considerado la existencia de indicios suficientes y ha incoado procedimiento de investigación, requiriendo el pasado 6 de septiembre al ayuntamiento para que pusiera a disposición de la Fiscalía una serie de expedientes.

El Ayuntamiento no ha remitido aún los expedientes, por lo que en breve volverá a ser requerido por segunda vez para que los presente. Por tanto, indica el sindicato, que parece ser que el Gobierno Municipal actual ha puesto su absoluta confianza en unas técnicas con que puede que no hayan seguido estrictamente la legalidad en todos los expedientes administrativos en que participaron, ya que están acusadas por la ilegalidad cometida en uno y se ha iniciado investigación por la Fiscalía Anticorrupción por otro.

Esta sección sindical "desconoce los motivos por los cuales este equipo de gobierno actúa con este oscurantismo", informando que con toda probabilidad un ex-concejal socialista también pueda estar implicado en tan escabroso asunto.

Laura Alvarez, Mamen Sanchezy Mila Pérez durante una reunión en el Ayuntamiento de Jerez Laura Alvarez, Mamen Sanchezy Mila Pérez durante una reunión en el Ayuntamiento de Jerez

Desde CGT solicitan que el Gobierno Municipal actué en consecuencia y retire su confianza a esas técnicas, evitando a la ciudad de Jerez más conflictos y notas de prensa.

Esta sección sindical se queda perpleja tras conocer que el gobierno municipal asignó hace escasos meses las funciones de jefatura  del departamento de contratación a Mila Abascal, puesto que es una de las encausadas por un caso de corrupción relacionado con un contrato público. "Imagínense un lobo cuidando a un rebaño de ovejas", añaden.

Además, comunican que les "parece como una desfachatez y una desvergüenza" que la persona que hace el informe desde intervención, dando validez al nombramiento sea precisamente Mila Pérez, otra de las encausadas en ese procedimiento, aprovechando un momento en el que ejercía de Interventora accidental. Por este motivo, este sindicato ha presentado Recurso Potestativo de Reposición previo al contencioso-administrativo.

Desde CGT consideran que no es una manera de proceder adecuada por parte de este gobierno anti-obrero, que le otorga un poder cuasi absoluto a dos personas cuya actuación administrativa es por lo menos muy dudosa, y que además son las encargadas de controlar que todos los expedientes cumplan estrictamente la legalidad.

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