Aprobada la propuesta de apoyar el indulto a los condenados por rodear el Parlament

Ruiz-Berdejo: “Los condenados no pueden ser considerados más que víctimas que se rebelan ante las políticas neoliberales que asfixian a la mayoría social

Todos los partidos con representación municipal han aprobado por unanimidad la propuesta planteada en el Pleno de diciembre por Izquierda Unida para que el Ayuntamiento de Jerez declare su solidaridad con todos los ciudadanos condenados en España por ejercer su legítimo derecho de manifestación y protesta, derecho que, según la formación de izquierda, ha resultado gravemente dañado como consecuencia del rodillo aplicado por el PP durante una legislatura en la que se han aprobado leyes altamente restrictivas y disuasorias.

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Así, para el Portavoz del Grupo Municipal de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, “los condenados no son sino las víctimas de este sistema represor, que se rebelan ante las políticas neoliberales de recorte y austeridad aplicadas por mandato de la Troika y que no sólo los condenan a ellos a la miseria y la precariedad, sino a una gran mayoría social”.

Por otro lado, entre los acuerdos de la propuesta, se recoge específicamente el apoyo del Ayuntamiento a la petición de indulto para los 8 ciudadanos condenados por la protesta llevada a cabo en junio de  2011 en Barcelona, a las puertas del Parlamento de Cataluña, entre los que se encuentra el activista jerezano Ciro Morales, condenado a 3 años de cárcel por el Tribunal Supremo. En este sentido, el acuerdo contempla que se inste al Gobierno Central para que proceda a la concesión de dicho indulto y evitar así la entrada en prisión de estas personas.

los condenados no son sino las víctimas de este sistema represor”

Para finalizar, desde Izquierda Unida han insistido en el rechazo, ya aprobado por el Pleno, a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por cuanto que ambas suponen un gran retroceso en nuestro sistema de derechos y libertades, penalizando con condenas desproporcionadas y arbitrarias a aquellas personas que decidan ejercer su derecho de manifestación y protesta, tal y como ha sucedido en muchas ocasiones desde que entró en vigor.