IU pide al gobierno local acuerdos para que la Junta abone lo que adeuda a las ELAs

Bertolet: “La Junta nos adeuda más de 100.00 euros por varios convenios de formación”

Según el alcalde de IU en Torrecera, Manuel Bertolet, la noticia publicada en el día de ayer por diversos medios de comunicación locales con respecto al acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Jerez con la Junta de Andalucía para pagar la deuda que las siete ELAs mantienen con la administración autonómica, no se corresponde exactamente con la realidad, en todo caso sería la deuda que tienen seis de las siete ELAs, puesto que a día de hoy, Torrecera no tiene ninguna deuda contraída con la Junta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De hecho, declara el alcalde pedáneo, la situación es la contraria, es la Junta la que debe más de 100.000 euros al Ayuntamiento de Torrecera por distintos convenios de formación correspondientes a los años 2010 y 2011.

En este sentido, Bertolet pide al Ayuntamiento que sea más riguroso a la hora de redactar las noticias que se envían a los medios de comunicación, ya que errores de este tipo pueden generar dudas y confusiones en sus vecinos, poniendo en tela de juicio la gestión que se realiza por parte del equipo de gobierno de la pedanía.

Con respecto al acuerdo en sí, la formación de izquierda lo ve positivo, ya que es muy importante para las ELAS poder acceder a las subvenciones y programas de la Junta en materia de formación y empleo que hasta la fecha les estaba vetado a consecuencia de la deuda referida, pero piden al Gobierno Local que, al igual que ha trabajado para alcanzar este acuerdo que permite el pago de la deuda a la Junta, trabaje también para lograr otro acuerdo que permita a las ELAs cobrar el montante que se les adeuda por parte de ésta.

Así, manifiesta Bertolet, si bien para el ente autonómico 100.000 euros puede ser una cantidad irrisoria, para un Ayuntamiento como el de Torrecera supone un grave perjuicio, ya que al haber corrido el consistorio con el 100% de los costes de los cursos y no haber recibido la totalidad de las subvenciones correspondientes, no han podido hacer frente al pago de algunas de las facturas procedentes de dichas acciones formativas, lo cual ha derivado incluso en reclamaciones judiciales por parte de algunos proveedores.