La Junta de Andalucía se desentiende del movimiento organizado de personas consumidoras
La Secretaría General de Consumo comunicaba ayer, en el seno de una reunión convocada inicialmente para hablar de la renovación del Consejo de los Consumidores y Usuarios, y casi de tapadillo, que el Gobierno andaluz había publicado una Orden de 24 de octubre de 2014 donde constaba el cierre del ejercicio presupuestario de este año. La situación comunicada coge a la citada Consejería empantanada en pleno proceso de análisis de la convocatoria de ayudas que realizaban en septiembre de este año, por lo que numerosas subvenciones no resueltas en esa fecha podrían verse anuladas por no contar ya con dotación presupuestaria.
Y con independencia de que el detonante de la situación sea ahora el cierre del ejercicio presupuestario, lo auténticamente cierto y preocupante es que nos encontramos ante una Consejería que año tras año viene demostrando su autentica incapacidad de gestión presupuestaria. Ya en la comparecencia parlamentaria del pasado año sobre presupuestos UCA-UCE defendía la necesidad de cobertura a la protección de las personas consumidoras y usuarias en tiempos de crisis, unas políticas que calificábamos de “sociales”, porque de ellas depende tanto la defensa de los derechos como de los legítimos intereses de las personas consumidoras y usuarias que representamos por mandato constitucional y estatutario. Lo lamentable de la situación es que una vez aprobada la partida presupuestaria por el Parlamento, la Consejería haya esperado hasta septiembre para convocar unas ayudas destinadas a cubrir gastos de fomento y de actividades de estas organizaciones provinciales y autonómicas dirigidas a la ciudadanía.
En todos esos meses dicha Consejería se había empecinado en convocar esas ayudas tras la publicación o haciéndolas depender de un nuevo Decreto llamado a regular tanto el Registro de asociaciones de consumidores y usuarios, como su régimen jurídico, un tema para el que UCA-UCE exigía reserva de Ley, viéndose obligada a recurrir este Decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como anunciábamos ayer. Tristemente, atender previamente las exigencia que FACUA, como organización afín a la fuerza política que dirige esta Consejería (IU) en el gobierno de coalición de la Junta parece que importaba más que garantizar la correcta ejecución presupuestaria y, lo que es más importante, las políticas de defensa de la ciudanía andaluza en materia de consumo, dando como resultado que por primera vez en varias décadas que el Gobierno de la Junta de Andalucía deje sin cobertura esta políticas sociales.
Para UCA-UCE, de no encontrarse soluciones, estaríamos ante una situación de tremenda gravedad que debería derivar en la asunción de responsabilidades políticas por parte de Diego Valderas, que estaría incumpliendo los mandatos constitucionales y estatutarios de fomento de estas políticas de protección a las personas consumidoras y usuarias. A su Consejería, el Parlamento de Andalucía le había habilitado, al aprobar los Presupuestos 2014, un montante de 1,2 millones de euros en el apartado de ayudas públicas para el desarrollo por parte del movimiento asociativo de personas consumidoras de programas en materia de consumo, el fomento del asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y solidario, unos fondos que ahora se habrían perdido.
