La sentencia del TSJA anula la emitida por el Juzgado de Jerez hace un año, reconoce el derecho a percibir el principal adeudado y los intereses de demora
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha hecho pública una sentencia por la que reconoce expresamente el derecho de la entidad local autónoma de Torrecera a percibir el abono de la deuda que tiene contraída con ella el Ayuntamiento de Jerez, tal y como viene defendiendo el alcalde de la entidad local, Manuel Bertolet, desde hace años.
El TSJA, a través de esta sala, con sede en Sevilla, y a través de la sentencia de 17 de junio pasado, que afea expresamente “la propia indefinición en que se mueve la posición del Ayuntamiento a la hora de indicar la existencia o, en su caso, el concreto grado de cumplimiento de sus obligaciones frente a la ELA”, anula la sentencia de 28 de julio de 2014 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez y “reconoce el derecho de la recurrente a percibir el abono que pendiere de efectivo cumplimiento”.
La sentencia no sólo reconoce el derecho a percibir el principal adeudado, sino también el derecho a los intereses de demora, cuantía muy importante que saldrá del bolsillo de los jerezanos por los reiterados incumplimientos de la corporación municipal.
Finaliza así un proceso que, Manuel Bertolet, alcalde de Torrecera, considera que “abre la posibilidad a otras ELA a reclamar lo que por derecho es suyo y se les niega desde los ayuntamientos matrices”. Bertolet se ha mostrado exultante por la sentencia, “porque nos da la razón frente a una actitud prepotente mostrada constantemente por la anterior corporación”; pero también considera que “es momento de anteponer la lealtad institucional entre administraciones”, por ello, abogará frente a la nueva corporación jerezana por “buscar una salida consensuada en la ejecución de la sentencia que afecte lo menos posible a Jerez, confiando que la nueva corporación se muestre más dialogante y acabe con los tiempos de la tiranía del Ayuntamiento hacia las ELAs y sus habitantes”.
El procedimiento, que ha sido llevado por el experto letrado malagueño Eduardo de Linares Galindo, de la consultora CIEM, llega así a su fin, con una sentencia pionera en esta materia.
