Isabel Paredes, delegada de Bienestar Social, Igualdad y salud, ha manifestado que el bipartidismo de PSOE e IU vive alejado de los más desfavorecidos y desconoce la realidad social de los municipios andaluces, que hasta ahora han sido los únicos que están dando respuesta. El  presupuesto que anuncian, en el nuevo decreto inclusión, para ayudas de luz, agua y alquileres para toda Andalucía es la mitad del presupuesto ejecutado en nuestra ciudad en 2013, que ascendió a 2.485.927 euros en ayudas sociales (se adjunta cuadro de ejecución presupuestaria 2010-2013).

Isabel Paredes considera insuficiente y una falta de respeto dotar con 5 millones de euros para toda Andalucía; “porque se crea una falsa expectativa que no va a cubrir las necesidades verdaderas de las personas más desfavorecidas” Con estos anuncios, la Junta demuestra sus ganas de confundir a la ciudadanía que peor lo está pasando porque lanza cortinas de humo para intentar ocultar la verdad: que su partido ni paga, ni da respuesta a la demanda de salario social de miles de jerezanos. La Junta tendría que destinar 90 millones de euros si atiende en la misma proporción que lo hace Ayuntamiento de Jerez”.

Esto sucede por “la falta de diálogo, de coordinación en política social con las partes implicadas, situación que nos conduce a seguir manteniéndonos década tras década los  últimos en la cola en exclusión social y pobreza”. Para la delegada el presupuesto “es ridículo y no ataja las necesidades reales”. Asimismo, señala la delegada, la Junta, una vez más “anuncia a bombo y platillo” unas ayudas que “a todas luces son insuficientes”.

De nuevo el Gobierno bipartito “demuestra una falta de planificación propia de quien no conoce la realidad porque no mantiene contacto con los ayuntamientos, con la ciudadanía” subraya Isabel Paredes. “Nuestra Comunidad Autónoma no lidera las políticas sociales porque sigue estando a la cola. Cuando no se tiene contacto con las partes implicadas; se corre el riesgo de equivocarse, un riesgo que estos momentos está en situación de alerta máxima”, ha añadido.

Isabel Paredes critica que la Junta hable de un nuevo decreto de inclusión social cuando aún no ha se evaluado el anterior  ni se ha creado la comisión de seguimiento que contemplaba. “Han sido múltiples los problemas que ocasionado dicho decreto en todos los ayuntamientos adheridos. Hemos realizado un importante esfuerzo y hemos puesto a disposición de la ejecución de este primer decreto todos los medios materiales y de personal municipal para que se pudieran beneficiar el mayor número personas posibles y de la mejor forma posible”, ha recordado.

Los incumplimientos de la Junta en el anterior decreto “han sido patentes. Nunca se creó la red alimentaria, a la que este ayuntamiento se adhirió en mayo de 2013 en tiempo y forma, y a fecha de hoy la callada por respuesta. En ayudas a menores sólo se beneficiaron 300 menores en todo Jerez. Las ayudas económicas familiares fueron 105.000 euros que llegaron tarde y mal, un presupuesto escaso a todas luces para atender las necesidades reales”, ha señalado. En resumidas cuentas, el primer decreto “generó muchas expectativas, a pesar de sus evidentes carencias”, en las personas que se encuentran en  situación de exclusión social o en riesgo de estarlo por falta de un empleo”.

Isabel Paredes han insistido que políticas sociales de la Junta brillan por su ausencia en Jerez. “Llevamos años esperando la puesta en marcha de una Ley de Inclusión Social como instrumento de garantía del derecho fundamental de las personas, que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, a vivir con dignidad y a desempeñar un papel activo en la sociedad. A través de esta ley garantizaremos niveles de vida dignos para los andaluces, mediante la regulación del derecho subjetivo a la renta básica reconocido en nuestro nuevo Estatuto de Autonomía”, ha manifestado, “reclamamos por enésima vez la aprobación de esta renta básica que muchos jerezanos esperan”, ha añadido.

Isabel Paredes pregunta a la Junta que realidad quiere atender con obsoleta Ley de Servicios Sociales de 1988 y el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y de la Desigualdad (1999) porque ha convertido el salario social en la única acción para favorecer la inclusión social. “Es necesaria una Ley de Inclusión que reconozca la renta básica pero que a la vez obligue a las unidades familiares beneficiarias al cumplimiento de un convenio de inserción cuyo contenido desarrolle, mediante reglamento, medidas educativas, formativas, sanitarias, laborales, de vivienda y de índole social. La actual ley no obliga y convierte a estas unidades familiares en familias subsidiadas por una paga que no busca la inserción social como objetivo final”, subraya.