Firmeza
Rajoy ha activado los resortes del Estado para frenar esta locura catalana
Ciudadanos españoles de todo tipo, credo y condición empezábamos a impacientarnos. El independentismo catalán había cogido carrerilla, tenía muy claro que el 1 de octubre celebraría su referéndum de ruptura con España. Amenazaba con esteladas, quemaba banderas españolas como quien toma café, insultaba a España con toda impunidad y tranquilidad, tal vez porque se creía fuerte por lo que parecía desidia, pasividad o cobardía del Gobierno de preside Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy, presidente en funciones, durante su discurso de investidura. - Imagen EFE
Algunos exigían la Legión, los Regulares y los Paracaidistas, otros que si el 155 aunque la inmensa mayoría ni sabe qué dice ese artículo de la Constitución, que por cierto dice muy poco y que se resume en que el Gobierno de España podrá dar instrucciones a las autoridades de las comunidades autónomas – Cataluña es una – si éstas se portan mal. Justo lo que está sucediendo con el Parlamento y el Gobierno de Puigdemont, Junqueras, Forcadell y los desarrapados de la CUP.
Lo único que acertábamos a escuchar eran palabras tranquilas de Rajoy, que no me lograban tranquilizar. Más de uno creíamos que el presidente del gobierno no sería capaz ni tendría los arrestos necesarios como para parar un golpe al Estado de tipo barriobajero.
Tenía la corazonada de que el presidente guardaba ases bajo la manga. Y no me equivoqué. Rajoy ha actuado con firmeza y activado los resortes del Estado para frenar esta locura catalana. Ha sabido coger la ley en todos sus términos y ha puesto a funcionar a los muy altos funcionarios, quienes en estos días están justificando el por qué de sus buenos sueldos.
Además, Rajoy ha conseguido para la causa la unidad de los grandes partidos. PP, PSOE y Ciudadanos están por la unidad de España y por el cumplimiento de la ley. Circunstancia que ha puesto de los nervios a la izquierda recalcitrante que pulula por las instituciones y al borde del colapso a los nacionalistas extremistas o mediopensionistas, que de España sólo quieren la nómina.
La Guardia Civil ya ha clausurado, por orden de un juez, la web que promocionaba el referéndum ilegal. La Fiscalía ha advertido a los Mossos que tienen la obligación de impedir la celebración de esa pantomima en forma de votación. Las papeletas de voto ya no serán de imprenta y veremos a ver si hay urnas y colegios electorales.
Los próceres del independentismo saben que el perjuicio que ocasionen a las arcas públicas este referéndum lo pagarán con cárcel o con su patrimonio, que a base de sucesivas mordidas del tres por ciento debe ser elevado.
La Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones para que sean interrogados o, en su defecto, detenidos aquellos alcaldes que bien por convicción o coacción de Puigdemont y su camarilla se hayan postulado a favor de la cesión de espacios públicos donde instalar los colegios electorales.
Con todos estos ingredientes, es muy difícil que el 1 de octubre se celebre el referéndum en Cataluña, aunque será casi imposible evitar que en algunos pueblos o barrios se escenifique una mesa de votación a fin de tratar de demostrar músculo frente a la firmeza legal impulsada por Rajoy, obviamente fortalecido por la unidad política de los tres grandes partidos y el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad española. No tan mayoritario si nos referimos a la ciudadanía catalana.