• La vicesecretaria de Política Social del PP local afirma que la mala gestión de la Junta de Andalucía en Dependencia, según el Tribunal de Cuentas, supone que Jerez no tenga plazas residenciales disponibles, que no se aprueben ayudas económicas  y que la ciudad  sufra un 32% menos de horas de ayuda a domicilio.
  • Paredes destaca que hasta el propio Ayuntamiento de Jerez ha tenido que intervenir en casos de suma gravedad y urgencia de personas dependientes a pesar de no ser su competencia ante la falta de respuesta del gobierno de PSOE-IU, que tiene paralizadas las altas y sigue aumentado las listas de espera.
  • Los populares demuestran que el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo no está recortando en materia de Dependencia, sino que ha incrementado la partida presupuestaria para Andalucía, porque precisamente nuestra comunidad, gestionada por PSOE e IU, se encuentra a la cola en la prestación de estos servicios sociales.

La vicesecretaria de Política Social e Igualdad del Partido Popular de Jerez, Isabel Paredes, ha comparecido hoy en rueda de prensa junto con el diputado nacional del PP, Aurelio Romero, y el vicesecretario de organización del PP de Jerez, Agustín Muñoz, para denunciar, con datos irrefutables del Tribunal de Cuentas en la mano, que los continuos mensajes que lanza el PSOE responsabilizando al Gobierno del PP de la situación en la que se encuentra actualmente la aplicación de la Ley de Dependencia en Jerez y en nuestra comunidad autónoma, faltan totalmente a la verdad y sólo persiguen crear confusión entre los ciudadanos.

A diferencia del discurso vacío y demagógico de los socialistas, los populares han demostrado que el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo no está recortando en materia de Dependencia, sino que ha incrementado la partida presupuestaria para Andalucía, porque precisamente se encuentra a la cola en la prestación de estos servicios sociales.

Así, tanto Isabel Paredes como Aurelio Romero, han desmontando el ‘cuento’ de los socialistas y han pedido al PSOE que deje de mentir a los jerezanos y a los andaluces, “ya que si sufrimos un servicio insuficiente para la demanda de la población dependiente y sus familias es por la desastrosa gestión que hace el PSOE y sus aún socios de gobierno con el dinero que les transfiere el Gobierno central, cuya aportación está muy por encima del 50% que prevé la Ley de Dependencia para cada Administración pública, ya que se sitúa en el 65,02%”, ha explicado la vicesecretaria.

“Ello –ha añadido- unido a que la financiación del nivel mínimo de protección es una obligación de la Administración General del Estado y está garantizada y, en caso de ser necesario, se amplían los créditos de los Presupuestos Generales del Estado, como de hecho ha sucedido para garantizar la atención en Andalucía, donde –ha vuelto a subrayar-, ha disminuido el número de beneficiarios, y sin embargo la financiación del Gobierno central ha sido mayor”.

Paredes ha detallado que las cifras del Tribunal de Cuentas revelan que en 2012 el Gobierno destinó 829 millones de euros para atender a un total de 190.160 beneficiarios en Andalucía, mientras que en 2013, la cantidad total transferida fue de casi 882millones, pero para atender a 167.717 beneficiarios.

En resumen, la financiación con fondos públicos que ha recibido la comunidad autónoma de Andalucía para Dependencia ha sido superior en 2013 con respecto al 2012. “El Gobierno central ha aumentado el presupuesto para garantizar la atención de la dependencia aunque la Junta haya disminuido el número de personas beneficiadas”, ha señalado Paredes en base a los datos del Tribunal de Cuentas de fecha del 21 de febrero de 2014, “datos que desmontan las falacias del grupo socialista”.

Así, la dirigente popular ha dejado en evidencia los titulares a los que suelen recurrir los socialistas cuando se habla de Dependencia, un asunto en el que prefieren no profundizar y optan por echar balones fuera, sin reparo alguno por faltar a la verdad. En este sentido, Paredes ha insistido en que atribuir la ausencia de concierto de plazas a la falta de inversión del Gobierno de Rajoy en la Ley de Dependencia es “absolutamente falso” y desvela un total desconocimiento de la situación de la gestión de la Dependencia en Andalucía.

La responsable de Política Social del PP de Jerez ha recordado además que las Comunidades Autónomas son las competentes en materia de reconocimiento de la situación de dependencia y de la concesión de prestaciones. De hecho, los datos revelan que a 31 de diciembre de 2011 los beneficiarios con prestación reconocida en Andalucía eran 194.877, mientas que a la misma fecha de 2013, eran 167.717 personas beneficiarias, esto es, una disminución de 27.160 personas (un 13,94%) en Andalucía. Es decir, 27.160 andaluces menos no han sido reconocidos como dependientes.

Por el contrario, a nivel nacional, esta cifra de beneficiarios ha aumentado en 15.255 personas (un 2,07%), ya que ha pasado de 738.587 personas a 31 de diciembre de 2011, a 753.842 personas a fecha de 31 de diciembre de 2013. “Por tanto –ha señalado- si hablamos de personas a la espera de recibir prestación, lo datos no engañan y señalan que Andalucía se desvía de la tendencia que se mantiene a nivel nacional de disminuir las personas pendientes de recibir prestación”.

“Y prueba de ello –ha comentado-, es que a nivel nacional el porcentaje de disminución de personas a la espera de recibir prestación ha sido del 37,73% mientras que en Andalucía se sitúa en un 27,95%, es decir 10 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, lo que quiere decir que el Gobierno andaluz del PSOE ha hecho un menor esfuerzo en reducir el número de personas pendientes de recibir prestación”.

Nueva orden, más problemas

lsabel Paredes también ha hecho referencia a la preocupante nueva orden por la que la Junta de Andalucía regula la concertación de las plazas de mayores, que según la representante popular, aboca a las residencias y centros de día a la privatización, con un recorte de hasta 180 millones de euros en su financiación.

La dirigente popular incidió en las consecuencias que el cambio de criterio del gobierno andaluz tendrá tanto en el empleo, fundamentalmente femenino, como en la asistencia a los dependientes andaluces y, en este sentido, se preguntó ¿cuántas familias andaluzas pueden pagar 1.500 euros al mes para atender a sus mayores?”.

Paredes ha explicado que la nueva orden recorta en más del 90 por ciento la aportación de la Junta de Andalucía a las residencias andaluzas, ya que sólo pagará el 60 por ciento del coste de las plazas desocupadas durante un mes al año, pero podrá disponer de ellas cuando lo decida. En la práctica, significa que las residencias no podrán disponer de las plazas vacías, pero tampoco recibirán dinero de la Junta por su reserva.

“El escándalo de esta orden –ha dicho- no sólo es que el gobierno andaluz deje de pagar las residencias de mayores, condenándolas al cierre o la privatización, sino la barbaridad de tener miles de plazas desocupadas mientras hay más de 50.000 expedientes de la Ley de Dependencia sin resolver por la Junta de Andalucía desde hace dos años”.

Por otro lado, y ante los perjuicios que está creando la ineficacia del Gobierno de la Junta en materia de Dependencia, Isabel Paredes ha destacado que hasta el propio Ayuntamiento de Jerez se ha visto obligado a intervenir, a pesar de no ser su competencia y por una cuestión de humanidad,  en casos de suma gravedad y urgencia de personas dependientes a los que el gobierno de PSOE-IU no daba respuesta, porque tiene paralizadas las altas y sigue aumentado las listas de espera.

La vicesecretaria ha puntualizado, respecto a las plazas residenciales, y ante posibles respuestas del tipo de las medias verdades que suele utilizar el PSOE, que las únicas altas que se han producido en Jerez en plazas residenciales han sido ingresos realizados por resolución judicial.

Sobre este tema en particular, Paredes también ha explicado que no se llegan a cubrir el 100% de las plazas residenciales de nuestra ciudad por la paralización que mantiene la Junta, lo que está teniendo como consecuencia directa el aumento de la lista y los tiempos de espera, que ya se sitúan en torno a los dos años para resolver un expediente de ingreso.

Igualmente, la responsable asuntos sociales del PP local ha hecho hincapié en que en el año 2009, la Junta de Andalucía animó a las asociaciones y organizaciones sociales de Jerez a construir sus propios centros, avalando mediante un documento el conciertos de plazas. Lo que ha ocurrido es que, a fecha de hoy, han construido los centros pero el gobierno andaluz hace oídos sordos, no se acuerda del documento que firmó en 2009 y no responden a las entidades.

Por último, Aurelio Romero ha querido dejar en evidencia con los datos aportados el mensaje manipulador lanzado por el PSOE en cuanto a los recortes, “lo que demuestra que los socialistas tan sólo se preocupan en hacer política de enfrentamiento y no política por y para los ciudadanos, que es lo que hace el PP, dedicarse a gobernar (83 leyes en dos años), que es lo que debería hacer el gobierno andaluz (sólo 8 leyes en dos años y su gestión en el Tribunal de Cuentas)”.