Paredes valora positivamente la iniciativa del Gobierno de regular mediante decreto los plazos de pagos de ayuntamientos y comunidades autónomas
La delegada asegura que esta medida garantiza el mantenimiento de los servicios sociales frente a la política de declaración de intenciones e incumplimientos reiterados de la Junta
La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha valorado como muy positiva la iniciativa del Gobierno de regular mediante decreto el procedimiento por el que todas las administraciones deberán hacer público a partir del próximo mes de octubre el plazo medio de pago a sus proveedores.
Según ha expuesto el Gobierno, el concepto de periodo medio de pagos (PMP) como expresión del volumen de la deuda comercial, y la obligación de que todas las Administraciones Públicas hagan público su periodo medio de pagos, está contenido en la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la que da cumplimiento este decreto. En base a ello, el Ministerio de Hacienda asumirá esos pagos si están por encima del periodo establecido, cantidades que descontará posteriormente a comunidades y ayuntamientos de su financiación.
Isabel Paredes lo ha calificado como “excelente noticia” asegurando que esta medida “garantiza el mantenimiento de los servicios sociales frente a la política de declaración de intenciones e incumplimientos reiterados de los compromisos de pagos a la que nos somete la Junta de Andalucía”, una deuda que supera hoy los 2.780.530 euros.
La delegada municipal ha recordado “la asfixia permanente” con la que se abordan las necesidades más básicas de los servicios sociales, citando como ejemplo la deuda acumulada en las cantidades relativas al salario social, los recortes en inmigración que en siete años se han reducido más del 90%, los impagos en políticas de Igualdad o el retraso permanente en los pagos al servicio de ayuda a domicilio, que este año acumula ya una deuda de siete meses (desde Marzo en la actualidad) “provocando un insostenible quebranto a las empresas dispensadoras del servicio”.
En concreto, la deuda acumulada relativa al servicio de ayuda a domicilio en 2014 asciende a 1.665.233 euros; respecto al convenio de financiación de los servicios sociales comunitarios (Plan Concertado) asciende a 927.564 euros. La deuda relativa a subvenciones institucionales (recursos de acceso para inmigrantes y centro de información a la mujer) acumula 20.733 euros del año 2013, estando aún pendiente de resolución las ayudas públicas correspondientes a 2014. Respecto al decreto de inclusión, se adeudan al Ayuntamiento de Jerez 115.000 euros correspondientes a ayudas familiares y 52.000 euros del programa de ayudas de urgencia social.
Paredes ha calificado esta situación como “política de la dejadez” del PSOE respecto a las necesidades de la ciudad, exponiendo que la deuda pendiente se remonta al año 2013 y se mantiene este año 2014.
La delegada ha incidido en la deuda respecto al salario social, asegurando que aún no está resuelta la tercera comisión del año, frente a las 13 que ya habían tenido lugar el año pasado, a fecha de hoy, mediados de septiembre. Paredes descalifica el incumplimiento de esta resolución “ya que se trata del único programa destinado a garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la población en riesgo”.
Paredes asegura que “Al PSOE se le llena la boca diciendo que hay que apoyar a la familia, pero después incumple”, añadiendo que la red alimentaria no se ha materializado, no crecen las plazas de comedores escolares, ni las de guarderías públicas.
Situación similar describe respecto a los recursos para mayores y dependientes, “ya que tampoco se están cubriendo las plazas residenciales para personas mayores, quedando muy por debajo de las necesidades actuales, y el gran retraso en las resoluciones relativas a dependencia está engrosando las listas de espera colocando a los centros de atención en una situación insostenible”.
Isabel Paredes afirma que todos estos incumplimientos evidencian una total falta de planificación de la política social de la Junta, “llegando al extremo de que hasta ayer mismo no hemos tenido noticia de la disponibilidad de gasto en ayudas familiares, y tampoco tenemos constancia de cuándo se ingresará el dinero”, lo que para la delegada supone “una total falta de garantía sobre la ejecución del presupuesto y un alejamiento permanente de la realidad de la ciudadanía más necesitada”.
