Ocho agentes se encuentran de baja psicológica en Arcos y tres en Ubrique

El pasado mes de Diciembre AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) denunció públicamente la situación permanente de acoso laboral que habían instaurado los responsables de la Guardia Civil en la sierra gaditana. Concretamente se citaban casos de acoso sufridos por agentes en las localidades de Árcos y Ubrique. Todo ello conocido y amparado por el Capitán de la Compañía de la cual dependen estos acuartelamientos, con sede en Villamartín.

Esta situación fue puesta en conocimiento del Coronel Jefe de la Comandancia D. Alfonso Rodríguez Castillo, por parte de esta asociación profesional, primero con una carta dirigida a su persona, y posteriormente en una reunión convocada ese mismo mes de Diciembre en la propia sede de la Comandancia. De ese encuentro, lo único destacable fue la expresión de rechazo y profundo malestar del Coronel por ver publicada en la prensa la denuncia objeto de nuestra queja, lo que ahora nos recuerda a aquel dirigente político que echa la culpa de la corrupción a las televisiones que la difunden.

Recientemente, el Alférez destinando en Ubrique, ha perdido con condena en costas la demanda de rectificación que interpuso a esta Delegación por la citada publicación, por quedar acreditado que el artículo publicado refleja las denuncias presentadas en AUGC por sus asociados, víctimas de los casos de mobbing. Los tres agentes citados como testigos manifestaron, en el acto del juicio oral, que lo recogido en el artículo se correspondía a lo indicado por ellos a AUGC.

Queda pendiente, asimismo, la resolución de una demanda similar presentada por un suboficial de Arcos de la Frontera, el cual, con idénticos argumentos que el Alférez, se sintió ofendido por el contenido de dicha nota de prensa. No dudamos, que la instancia judicial nos volverá a ser favorable, respaldando nuestras quejas y devolviendo el foco al fondo del asunto a pesar de todas estas maniobras de ocultación.

Y es que el fondo está cada vez más claro: Los Guardias Civiles prestan servicio en condiciones de acoso laboral.


Y la situación está muy lejos de haber mejorado. Las principales consecuencias de padecer esta situación se manifiestan sobre la salud de quienes la padecen: hasta ocho componentes en Arcos de la Frontera y tres en Ubrique se encuentran dados de bajas para el servicio por motivos psicológicos. Bajas médicas que en todos los casos son de larga duración, quizás años, y que como ya hemos visto en casos anteriores, acaban con un porcentaje muy amplio en la jubilación anticipada de los afectados al demostrarse la imposibilidad de seguir prestando un servicio esencial en el que se usan armas. Además, esta situación se suma a la crítica disminución de las plantillas en todas las unidades desde que comenzara la crisis y la oferta de empleo público se demostrara insuficiente para renovar a quienes se van. Nadie repone a aquellos que causan baja.

Pero, ¿qué hacen los mandos para solucionar el problema? Básicamente, lo contrario de lo que se debiera. Desde los máximos responsables, que niegan la realidad, hasta los mandos intermedios que lo amparan. Al final de la cadena siempre está el guardia civil que tiene que sufrir la arbitrariedad, la injusticia y ahora más, la presión por mantener fuera del cuartel un estado semi policial que garanticen un nivel mínimo de identificaciones, registros y denuncias; baremo por el cual el mando se garantiza su sobresueldo o mal llamado complemento de productividad. En cuanto las estadísticas han puesto en el foco la disminución de la actividad (actividad pseudo ilegal que consiste en considerar posible delincuente a cualquier ciudadano) los mandos se han volcado en perseguir y presionar al guardia civil en la falsa creencia de que su presión se iba a traducir en mayores denuncias a los ciudadanos. Cuando la realidad les ha demostrado que su actitud era contraproducente, su frustración se traduce directamente en hacer la vida imposible al guardia: se dictan normas absurdas, se manipulan cuadrantes para hacer imposible una adecuada conciliación de la vida laboral y familiar, se suspenden alegre y gratuitamente derechos consolidados, etc, etc.

El pasado día 3 de junio el Capitán de la Compañía visitó el cuartel de Arcos, y sin mediar ninguna otra causa o razón, descargó parte de esa frustración sobre dos Guardias Civiles, llamándoles airadamente la atención delante de otros ocho compañeros y del personal civil que se encontraba allí para diversas gestiones. ¿La razón? Ambos llevaban un cinturón oficial, de color verde, pero él quería que se usara el negro. De nada sirvió que ambos agentes carecieran de esa prenda por motivos ajenos a su voluntad. No estaba allí para oír explicaciones, sino para seguir dando vueltas al tornillo de la opresión y que su ardua labor se difundiera.

Ambos compañeros se dieron cuenta que la situación se había vuelto intolerable, que les afectaba a su autocontrol, y que la única opción era rendirse y ponerse cuanto antes en manos de los médicos antes de verse abocados a cometer alguna tontería.

Pero la situación es más grave aún. La presión sigue latente y en aumento. Nadie escucha las alarmas y parece que ha nadie le importa. Y no nos referimos a los compañeros que han decidido valientemente acogerse a una baja médica, y que encima les conlleva pérdidas económicas y molestias en su ámbito social. El verdadero problema está en aquellos que están atravesando esta misma situación sin reconocer que les está causando un problema de salud. Acudir al trabajo a diario con niveles de estrés tan elevados y donde es tan sencillo identificar la razón del problema puede resultar bastante peligroso.

Ojalá no tengamos que lamentar ninguna desgracia antes de que alguien en este Cuerpo se decida a poner solución.