La delegada de Medio Rural recuerda que las competencias para desafectar y deslindar las vías pecuarias son de la Junta

El gobierno autónomo todavía no ha respondido a la petición de crear una comisión para mixta para abordar los planes especiales de los núcleos rurales diseminados

La delegada de Medio Rural, Susana Sánchez, ha recordado que la Junta tiene las competencias para la desafectación y deslinde de cañadas, donde se ubican la mayoría de las viviendas en situación irregular en Jerez. La delegada de esta forma ha respondido al Grupo municipal PSOE al que emplaza a hacer su trabajo y a definir de una vez por toda su posición sobre la situación de estas poblaciones.

Susana Sánchez insta a los socialistas jerezanos a que pidan a los de su partido de la Junta la consecución de la regularización que durante estos tres años ha reclamado el Gobierno municipal y los vecinos mientras que el PSOE se abstenía en los plenos”, ha subrayado. La delegada ha recordado que “llevamos dos años esperando para la creación de una comisión técnica integrada por técnicos de la Junta y del Ayuntamiento para buscar una solución definitiva a una demanda histórica”.

La delegada se alegra de que el Gobierno andaluz se interese de una vez por todas por la regularización de viviendas pero señala que “ayer lo que se aprobó en el Parlamento afecta a las parcelaciones ilegales pero no a las viviendas levantadas en zonas de especial protección, como son las vías pecuarias”. La delegada ha recordado que la alcaldesa todavía no ha recibido una respuesta a la reunión solicitada al delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández para avanzar en la legalización de viviendas.

La delegada ha explicado que el Pleno aprobó el pasado 27 de febrero una proposición para instar a la Junta de Andalucía a la desafectación de las vías pecuarias que pasan por los núcleos clasificados en el PGOU como hábitats rurales diseminados, con el apoyo de todos los grupos. “En el segundo punto de esta propuesta, igualmente, se instaba a la Junta a que, en el caso de que no se pudiese llevar a cabo la desafectación total, que la vía pecuaria quedase reducida a su tamaño actual, es decir, que se permitiese la ‘huella pecuaria’ y no se exigiese en ningún caso el trazado alternativo para poder llevar a cabo la legalización de las viviendas en ellas situadas, tras la aprobación definitiva de los correspondientes Planes Especiales; punto en el que el PSOE se abstuvo”.

Susana Sánchez añade que el Gobierno municipal, como ya dijo entonces la alcaldesa, “no propone la legalización de viviendas al margen de la ley, pero el trazado alternativo supone la expropiación y la compra de terrenos por lo que  los vecinos tendrían que pagar. El Gobierno municipal quiere favorecer la solución de la huella pecuaria ya que los vecinos no tendrían que pagar el deslinde alternativo porque esta alternativa es la más rápida posible y en la que los vecinos no tienen que pagar un coste adicional. No queremos cargar sobre la espalda de los ciudadanos un problema económico cuando puede solucionarse sin coste económico y más rápido. Es una solución legal, rápida y barata y creo que después de tantos años esperando es lo que se merecen los vecinos de la zona rural”.

Por este motivo, la delegada de Medio Rural insiste en que “lo que pide este Gobierno municipal es el reconocimiento de unos hábitats rural diseminados que son históricos y están reconocidos en nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Es un problema histórico que lleva padeciendo la zona rural desde hace más de 30 años”.

La delegada también ha recordado al PSOE de Jerez que el Gobierno municipal en estos tres años de legislatura ha procedido a la legalización de más 80 viviendas en la zona rural y ha elaborado 6 Planes Especiales: Mesas de Santa Rosa, Inmaculada, Polila-Añina, Mesas del Corral y Huertos de Ocio (La Barca) y La Guareña. Pero el procedimiento de este último se ha visto atascado porque se afecta a dominio público, por lo que los vecinos no obtienen ni licencias de primera ocupación, ni pueden acceder a servicios tan básicos como la luz y el agua, y tampoco pueden obtener licencia para abrir un negocio; lo que impide el desarrollo socieconómico de la zona y aboca a sus vecinos a la emigración a otras poblaciones o al casco urbano”.