La medida anunciada por el PSOE son un parche que no beneficia a Jerez

  • El secretario general del PP provincial aclara que la modificación de la LOUA anunciada por el gobierno andaluz no va a beneficiar en nada a las 1.300 viviendas irregulares del término municipal jerezano, porque no afecta a las que se encuentran en dominio público, que es el caso de las vías pecuarias.
  • Destaca que en sólo tres años el gobierno de García-Pelayo ha agilizado, en la medida de sus posibilidades, el proceso de legalización, aprobando licencias para 102 viviendas y creando seis Planes Especiales de Hábitat Rural Diseminado.
  • Los populares proponen que la vía pecuaria quede al menos reducida a su tamaño actual, es decir, que se permita la ‘huella pecuaria’ y no se exija, en ningún caso, el trazado alternativo para poder llevar a cabo la legalización de las viviendas, “porque no queremos cargar sobre la espalda de los ciudadanos un problema económico cuando puede solucionarse sin coste y más rápido. Es una solución legal, rápida y barata y es lo menos que se merecen después de tantos años esperando los vecinos de la zona rural”.

El secretario general del Partido Popular de Cádiz, Antonio Saldaña, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en la sede del partido en Jerez para poner blanco sobre negro en lo que a política de legalización de viviendas se refiere, ya que la presidenta de la Junta de Andalucía ha anunciado en el Debate del Estado de la Comunidad la modificación del Art. 185 de la LOUA, supuestamente para solucionar el problema de las parcelaciones ilegales, pero sin especificar cómo va a llevarse a cabo el proceso y en qué situaciones se va a aplicar.

Saldaña ha comenzado diciendo que siempre hay tres cosas que se repiten: el anuncio del turrón cuando llega la Navidad, el discurso del Rey en la Nochebuena y la promesa electoral del PSOE de regularizar las viviendas ilegales antes de unas elecciones, lo que nunca se lleva a cabo.

Así, el secretario general ha echado por tierra el entusiasmo de los socialistas jerezanos, que se han aventurado a sacar pecho con un anuncio de legalización que, según ha señalado Saldaña, no va a beneficiar en nada a Jerez, por lo que el PSOE de Jerez ni siquiera se ha informado bien de lo que ha propuesto la presidenta de la Junta.

En este sentido, ha comentado que “hay que gobernar con sensibilidad y corazón, pero también con razón. Y es lo que la Junta de Andalucía no ha sabido hacer nunca. Y prueba de ello es que el anuncio de la modificación no va a repercutir en soluciones para Jerez, no va a tener ningún impacto, ya que no resuelve la problemática en el dominio público, que es el que más afecta a nuestra ciudad por los asentamientos en las vías pecuarias”.

Saldaña ha explicado que los jerezanos que tienen sus viviendas en las cañadas no desafectadas aún por la administración competente que es la autonómica, y es por este motivo por el que no obtienen ni licencias de primera ocupación, ni pueden acceder a servicios tan básicos como la luz y el agua, y tampoco pueden obtener licencia para abrir un negocio, lo que impide el desarrollo socio-económico de la zona y aboca a sus vecinos a la emigración a otras poblaciones o al casco urbano.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? “Pues a causa de treinta años de gobierno del PSOE en Andalucía, que nunca ha dado respuesta ni solución, que ha mirado hacia otro lado, provocando la parálisis y, por tanto, perjudicando a más de 1.000 familias jerezanas, ya que se estima que existen aproximadamente 1.300 viviendas en situación irregular en nuestro término municipal”, ha apuntado.

Logros en tres años de gestión del PP

Según el responsable provincial, desde que María José García-Pelayo llegó al Gobierno municipal, el asunto de la regularización de las viviendas ilegales de la zona rural ha sido uno de los principales objetivos de su gestión, a pesar de no ser un asunto de competencia municipal, agilizándose los procesos de legalización de vivienda en el medio rural.

Así, y según los datos que ha facilitado Saldaña, el Gobierno del PP en estos tres años de legislatura ha aprobado un total de 102 licencias de legalización de viviendas en suelos consolidados:16 en Torremelgarejo, 22 en La Ina, 26 en Los Albarizones, 23 en La Corta, ocho en Geraldino y siete en Nueva Jarilla.

Por otra parte, el gobierno de García-Pelayo ha aprobado los Planes Especiales de Hábitat Rural Diseminado de Añina, El Polila e Inmaculada, Mesas de Santa Rosa y La Guareña, que aprobado de forma inicial por Ayuntamiento, solo espera respuesta de la Junta sobre las vías pecuarias, ya que el procedimiento se ha visto atascado porque se afecta a dominio público. Asimismo, se ha redactado ya el plan especial de El Mojo-Baldío Gallardo y se encuentra en ese proceso el de Cuartillos oeste. En lo que se refiere a suelo urbano no consolidado, el gobierno municipal  ha aprobado los PERI de Cuartillos (enero 2013) y Mesas Corral (marzo 2014).

La huella pecuaria

El dirigente popular ha insistido en la necesidad urgente de que el gobierno andaluz dé una solución definitiva al problema de las viviendas ubicadas en las cañadas. “Debe dar respuesta y dejar de mirar para otro lado. Ahora el Gobierno andaluz se interesa por la regularización de viviendas, pero sólo se refiere a las parcelaciones ilegales, no a las viviendas levantadas en zonas de especial protección, como son las vías pecuarias”.

“En este sentido –ha añadido-, desde el gobierno de García-Pelayo se aboga por que la vía pecuaria quede al menos reducida a su tamaño actual, es decir, que se permita la ‘huella pecuaria’ y no se exija en ningún caso el trazado alternativo para poder llevar a cabo la legalización de las viviendas en ellas situadas, tras la aprobación definitiva de los correspondientes Planes Especiales. No proponemos la legalización de viviendas al margen de la ley, pero el trazado alternativo supone la expropiación y la compra de terrenos por lo que  los vecinos tendrían que pagar. Es por ello que el Gobierno municipal quiere favorecer la solución de la huella pecuaria, ya que los vecinos no tendrían que pagar el deslinde alternativo porque esta alternativa es la más rápida posible y en la que los vecinos no tienen que pagar un coste adicional. No queremos cargar sobre la espalda de los ciudadanos un problema económico cuando puede solucionarse sin coste económico y más rápido. Es una solución legal, rápida y barata y creo que después de tantos años esperando es lo que se merecen los vecinos de la zona rural”.

En definitiva, esta solución que los populares ponen encima de la mesa es el reconocimiento de unos hábitats rural diseminados que son históricos y están reconocidos en el Plan General de Ordenación Urbana.

Propuestas del PP

El secretario provincial del PP ha señalado además que Andalucía necesita una ley de punto final para la regularización de viviendas, tal y como hicieron en su día comunidades autónomas como Madrid. Por ello ha instado al Gobierno andaluz a no seguir dando titulares, sin aportar ni una sola solución real.

“La salida a esta situación –ha manifestado-, que afecta a más de 300.000 viviendas en Andalucía, no está en una declaración pública, sino en la puesta en marcha de medidas tras escuchar a los afectados, muchos de los cuales comenzaron su obra dentro de la legalidad, pero al terminarla era ilegal porque la Junta ha cambiado permanentemente las reglas del juego”, a lo que ha añadido: “No queremos una amnistía, sino una segunda oportunidad para los  propietarios para cumplir con sus deberes urbanísticos”.

Según Saldaña, desde el PP Andaluz siempre se ha instado a la Junta a lograr soluciones definitivas a una problemática, la de las viviendas ilegales en Andalucía, que en gran parte se ha generado porque el Gobierno andaluz lo ha permitido.

“Hay que abordar el problema desde la raíz y sin engañar a los ciudadanos, como se ha hecho en anteriores ocasiones con un ánimo electoralista, bajo el principio de protección de los compradores de buena fe, y con la obligación de generar la necesaria seguridad jurídica para que la solución que se dé sea la definitiva que esperan los afectados”, ha comentado.

Por todo ello, y según ha afirmado Saldaña, el PP ha propuesto a la Junta de Andalucía cuatro medidas básicas que, realmente, sirvan para solucionar el problema de las viviendas ilegales que, en nuestra región, se lleva años arrastrando:

  1. Regularizar todas aquellas viviendas que no estén en espacios especialmente protegidos por razón de inundabilidad,  histórica o medioambiental, o que estén en dominio público y que cumplan con los deberes urbanísticos.
  2. Seguridad Jurídica para los propietarios en general que tengan una norma clara y segura para el valor patrimonial de sus viviendas.
  3. Protección a los compradores de buena fe, que tienen incluso licencias municipales y que han sido víctimas del descontrol urbanístico.
  4. Agilidad y colaboración pública para tramitar la normalización y control férreo para el cumplimiento de la ley e impedir crecimientos al margen de la misma que vuelvan a reproducir la situación actual.